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Artículo 83 del RGPD: Condiciones generales para la imposición de multas administrativas

Artículo 83 del RGPD: Condiciones generales para la imposición de multas administrativas

El artículo 83 del RGPD define la Normas para la imposición de multas administrativas en caso de incumplimiento de la normativa. Establece una grilla para evaluar las infracciones y los importes de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual mundial.

Explicación del artículo 83 del RGPD

El artículo establece:

  • Multas administrativas proporcionadas, disuasorias y efectivas;
  • Criterios de evaluación como la naturaleza de la infracción, su carácter intencional, las medidas adoptadas para mitigar el daño o la cooperación con la autoridad de control;
  • Două niveluri de severidad:
    • Hasta 10 millones € o el 2% del volumen de negocios por obligaciones procesales (registro, subcontratistas, DPO...);
    • Hasta 20 millones € o el 4% del volumen de negocios por derechos fundamentales de las personas (legalidad, consentimiento, transferencia...).

Este es un palanca central de sanción y disuasión en materia de protección de datos.

¿Por qué es importante este artículo para su cumplimiento del RGPD?

Destaca el riesgo financiero importante para cualquier empresa que no cumpla el RGPD. Las autoridades de control, como la CNIL, tienen los medios para sancionar proporcionalmente a las infracciones observadas, con un amplio margen de apreciación.

¿Cómo cumplir con el artículo 83 del RGPD?

  • Implementar una gobernanza seria y continua del RGPD (registro, auditorías, DPO, documentación);
  • Implementar acciones correctivas tan pronto como se identifique una infracción;
  • Cooperar plenamente con la autoridad supervisora en caso de inspección o reclamación;
  • Concientice a sus equipos sobre los riesgos asociados al incumplimiento y capacitelos periódicamente.

Ejemplos de aplicación del artículo 83 del RGPD

  • Una empresa es sancionada hasta con el 3% de su facturación por haber tratado datos sin base legal;
  • Una PYME recibe una multa reducida por cooperar activamente con la CNIL tras una filtración de datos;
  • Una empresa de nueva creación será sancionada por no haber llevado un registro de tramitación.

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