RGPD y bases legales: Comprender todo sobre la misión de interés público
El interés público, o interés general, es un concepto de derecho público. Puede parecer bastante vago y no está definido específicamente. En términos generales, una misión de interés público puede definirse como la consecución de un objetivo beneficioso para el mayor número posible de personas.
Pero en el contexto del RGPD, ¿qué significa exactamente esta noción cuando se invoca como base jurídica? ¿Qué tratamiento se puede implementar sobre esta base?
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Las 6 bases jurídicas previstas por el RGPD
La misión de interés público es una de las 6 bases jurídicas previstas por el RGPD. La elección de la base jurídica para el tratamiento es una condición obligatoria para su legalidad, de conformidad con Artículo 6 del RGPD. Esta elección determina también los derechos que los interesados podrán ejercer para el tratamiento de que se trate. Los derechos no serán los mismos dependiendo de la base jurídica elegida.
Hay 6 de ellos, a saber:?
- Consentimiento,
- La ejecución de un contrato o de medidas precontractuales,
- Cumplimiento de una obligación legal,
- Salvaguardar intereses vitales, artículo de la semana pasada,
- La misión de interés público, artículo de esta semana,
- Interés legítimo.
¿Quieres saber más sobre cada una de estas bases legales? Te invitamos a echar un vistazo a nuestras publicaciones de blog recientes y episodios de 1 minuto para comprender todo sobre el tema. Síguenos para no perderse el resto. La próxima semana abordaremos la noción de interés legítimo!??
¿Comprender la base legal de las misiones de interés público?

La misión de interés público es una de las bases jurídicas previstas por el RGPD. Basa el tratamiento necesario para la ejecución de una misión de interés público o una misión relativa al ejercicio de la autoridad pública que incumbe al responsable del tratamiento. Es utilizado principalmente por las autoridades públicas. Se trata de organizaciones gestionadas por autoridades públicas (el Estado). Están dotados de prerrogativas de las autoridades públicas para poder satisfacer su misión de interés general.
Puede tratarse, por ejemplo, de un municipio encargado de organizar las políticas de aparcamiento en su territorio. Decide reservar plazas de aparcamiento en una calle determinada para los residentes locales. Para ello, los residentes deben solicitar una tarjeta de residente. Para emitir esta tarjeta, el municipio procesa los datos de estos residentes. Sin embargo, cabe señalar que esta base jurídica también puede ser aplicable por determinadas estructuras privadas, dotadas de una misión de interés público o de prerrogativas de poder público.
¿En qué condiciones debe elegirse la misión de interés público como base jurídica?
1er criterio: ¿la calidad del responsable del tratamiento de datos?
Como se ha explicado anteriormente, el responsable del tratamiento de datos debe ser una autoridad pública o un actor privado, que persiga una misión de interés público o esté dotado de prerrogativas de autoridad pública.
2o criterio: ¿la estricta necesidad del tratamiento?
El procesamiento debe ser necesario para la ejecución de la misión que se le confía a la organización. En otras palabras, el procesamiento debe permitir a la organización llevar a cabo su misión de manera relevante y adecuada. El tratamiento no debe perseguir un objetivo demasiado alejado de la misión de interés público perseguida.
El criterio de necesidad es aplicable a todo tratamiento de datos personales. El RGPD exige que el procesamiento sea necesario para lograr un propósito predefinido. Esto significa que el responsable del tratamiento no puede alcanzar el objetivo perseguido sin realizar el tratamiento.

En la evaluación del cumplimiento de este criterio también se tiene en cuenta la forma en que se lleva a cabo el tratamiento. Es decir, el responsable del tratamiento debe elegir la forma de tratamiento de datos más adecuada y menos intrusiva para la persona.
Las operaciones de tratamiento comprendidas en esta base jurídica son principalmente aquellas que se refieren a datos de usuarios de servicios públicos, directamente afectados por la búsqueda de un interés público (la gestión del aparcamiento municipal en el ejemplo antes mencionado). En su propio registro, publicado en su sitio web, la CNIL basa un cierto número de sus operaciones de tratamiento en esta base jurídica y, en particular, en la gestión de las reclamaciones que se le dirigen.
Conviene distinguir estos tratamientos de los tratamientos puramente internos que no tienen un vínculo suficientemente estrecho con la misión de interés público perseguida. Así, la tramitación de un ayuntamiento relativa a la gestión de la contratación de su personal no entrará dentro de la base jurídica "misión de interés público", aunque esta tramitación se llevará a cabo durante el ejercicio de misiones de interés público o en el ejercicio de la autoridad pública que incumbe al ayuntamiento. . La base jurídica adecuada será la de la ejecución de medidas precontractuales.
3er criterio: ¿el interés público debe estar definido por el derecho europeo o nacional??
El interés público debe estar garantizado por un texto. La base jurídica del tratamiento deberá extraerse de la ley a la que esté sujeto el responsable del tratamiento. Puede ser una ley, reglamento, decreto, etc.
¿Cuáles son las consecuencias para los derechos personales?
Todos los derechos reconocidos a las personas por el RGPD pueden ejercerse con excepción del derecho a la portabilidad.
Data Comply One (anteriormente Misión GDPR) y la misión de interés público
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