Artículo 6 del RGPD: Bases jurídicas para el tratamiento de datos personales

El artículo 6 del RGPD detalla las bases jurídicas que justifican el tratamiento de datos personales. Cada tratamiento debe basarse en una de estas bases para ser compatible. Este artículo es fundamental para establecer la legitimidad de sus acciones de datos.

Explicación del artículo 6 del RGPD

El RGPD establece 6 bases jurídicas que autorizan el tratamiento:

El consentimiento del interesado
La ejecución de un contrato o de medidas precontractuales
Una obligación legal que impone el tratamiento
Salvaguardar los intereses vitales del interesado o de un tercero
La ejecución de una misión de interés público o relacionada con el ejercicio de la autoridad pública
El interés legítimo del responsable del tratamiento (siempre que no infrinja los derechos y libertades de las personas)

Cada tratamiento deberá poder vincularse únicamente a una de estas bases, claramente identificada y justificable.

¿Por qué es importante este artículo para su cumplimiento del RGPD?

Elegir la base jurídica adecuada es fundamental para demostrar la legalidad de su tratamiento. Un error de calificación puede dar lugar a sanciones.

Esto es también lo que determina los derechos de las personas interesadas (por ejemplo, el derecho a retirar el consentimiento si la base es el consentimiento).

¿Cómo cumplir con el artículo 6 del RGPD?

Analizar cada procesamiento para determinar su propósito exacto.
Identificar la base jurídica más adecuada entre las 6 propuestas.
Documente esta base en su registro de procesamiento.
En base a esto, adapte sus avisos informativos a las personas interesadas.
Esté preparado para demostrar esta base en caso de una inspección.

Ejemplos de aplicación del artículo 6 del RGPD

La suscripción a un boletín informativo se basa en consentimiento.
Un contrato de trabajo justifica el tratamiento de los datos del trabajador mediante: la ejecución de un contrato.
Una empresa que lleva facturas para contabilidad invoca una obligación legal.
Una empresa que protege su red puede invocar interés legítimo para mantener registros técnicos.